Juan Marrero

Como regla, el secreto ha acompañado las políticas y acciones del imperialismo norteamericano contra otros pueblos para conquistar territorios, riquezas naturales y mercados, o para desestabilizar y derrocar gobiernos que, como el de Cuba, no se han sometido a sus dictados y han emprendido un camino independiente y soberano.

De desfachatado puede calificarse lo hecho a lo largo de toda la historia por el Imperio para obtener sus malévolos propósitos. Pero, en estos momentos, lo es aún más. Antes, al menos, trataba de encubrir sus acciones criminales, ilegales e inmorales contra otros países utilizando para el trabajo sucio a instrumentos como la CIA y otras agencias que pretendían que nadie en el mundo sospechase y mucho menos probar que el Presidente de los Estados Unidos fuese identificado como el promotor y responsable de tales fechorías. Un ejemplo claro de ello fue la “Operación Pluto”, es decir la fuerza mercenaria que organizada, adiestrada y armada por el gobierno de los Estados Unidos desembarcó en Playa Girón en abril de 1961.

Sin renunciar a esas prácticas, el actual presidente George W.Bush y sus secuaces, quienes desde que se instalaron en la Casa Blanca hace poco más de cinco años han demostrado no tener el menor respeto por las normas del derecho internacional, e incluso por el contenido de la Constitución de los Estados Unidos, tienen una obsesión enfermiza por rodear cada una de sus acciones, las internas y externas, del síndrome del secreto.

A partir del atentado terrorista a los torres gemelas de Nueva York han sido varios los programas secretos, ilegales e inmorales, que han dañado irremediablemente los derechos civiles y políticos de los estadounidenses y el orden internacional.

Dentro de tal política gubernamental de secretismo se inscribió el espionaje telefónico y control de los correos electrónicos de la población norteamericana, que ha tenido como cómplices a las tres principales compañías telefónicas de Estados Unidos. Tan escandaloso ha sido, no obstante su carácter secreto, que días atrás un juez federal de Detroit consideró inconstitucional tal proceder, pues viola la libertad de expresión y la intimidad de los ciudadanos de Estados Unidos, y ordenó se le pusiese fin. Cinco años lleva marchando otro programa secreto: el espionaje a las transacciones bancarias internacionales.

Los arrestos sin órdenes judiciales, los vuelos extraterritoriales para el traslado de prisioneros sospechosos de participar en acciones terroristas, la creación de cárceles y sitios oscuros para torturarlos, la decisión de crear tribunales militares especiales en la base naval de Guantánamo para juzgar a más de 400 detenidos allí son otros hechos que han formado parte de esa política de secretismo que buscan reducir el escrutinio del pueblo norteamericano y de sus congresistas sobre las actividades del gobierno de Washington.

Cómplices importantes en esas y otras acciones secretas han sido los grandes medios de comunicación de los Estados Unidos que, con su silencio o con la grosera manipulación informativa, han contribuido a obstaculizar que la verdad llegue a la opinión pública norteamericana y mundial. Cuando algún periodista o algún medio ha logrado burlar la censura impuesta por los dueños de publicaciones y ha filtrado a la opinión pública algunos de esos programas secretos, la administración Bush, deja de ser el diablo y toma en sus manos la cruz a la vez que dice: “Le han causado un gran daño a la nación; a su seguridad nacional, pues estamos en guerra con un montón de gente que quieren con sus acciones terroristas dañar a Estados Unidos”.

Recientemente lanzaron la segunda versión del Plan Bush para una transición democrática en Cuba, que aparte de elevar las asignaciones de fondos financieros para las acciones de los grupos terroristas y la propaganda para derrocar al Gobierno Revolucionario, y pretender el retorno de Cuba al capitalismo y ponerla bajo el dominio de Estados Unidos, tal como han hecho en Iraq, como única novedad tiene que, en el colmo de la desfachatez, los gobernantes del Imperio han anunciado que ese Plan tiene un apartado secreto que “por razones de seguridad nacional” no pueden darlo a conocer.

En Estados Unidos –como ha escrito Ricardo Alarcón de Quesada-- el concepto de “seguridad nacional” está asociado indisolublemente a lo militar o a actividades encubiertas, y a continuación se hizo varias preguntas: ¿Qué es lo que tienen que ocultar con el máximo secreto después de todas las fechorías que han llevado a cabo contra Cuba? ¿Qué esconden por razones de seguridad nacional? ¿Más ataques terroristas? ¿Nuevos intentos de asesinatos…? ¿La agresión militar?

Se trata, indudablemente, de la continuidad de una política agresiva y demencial que alcanza ribetes de una mayor peligrosidad por el hecho de que Bush y sus halcones, representantes de las corporaciones armamentistas, petroleras, tecnológicas y de servicios del Complejo Militar Industrial estadounidense, son capaces de cualquier cosa desde conculcar los derechos y libertades del pueblo de Estados Unidos hasta lanzar guerras preventivas en cualquier sitio del planeta.

Hay un acontecimiento ocurrido durante la guerra de Viet Nam que merece ser recordado por su lección y experiencia válida. Entonces, algunos periódicos importantes de Estados Unidos decidieron publicar los documentos secretos del Pentágono sobre tan criminal guerra, en la que se ponía de manifiesto el engaño y el ocultamiento de que se hizo víctima a la opinión pública norteamericana y mundial. El gobierno de Nixon ordenó detener la publicación de esos papeles para evitar “un daño irreparable a la seguridad nacional”. El Tribunal Supremo intervino y, en histórica decisión consideró que esos documentos pertenecían al dominio público y no lesionaban la seguridad nacional.

¿No resultaría apropiado que, en estos momentos, el periodismo norteamericano --y no tenemos la menor duda de que aún quedan en su seno fuerzas honestas y nobles --exija a la administración Bush que dé a conocer los detalles de todos esos programas secretos que atentan contra las libertades y derechos del pueblo norteamericano y constituyen, como el Plan de Bush sobre Cuba, una amenaza a la independencia, soberanía y autodeterminación de ese pueblo? La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece el derecho a la libertad de prensa, los respalda para librar tal batalla en contra de los engaños y planes secretos agresivos y pérfidos de la administración Bush.

Aspiramos a que gobiernos, fuerzas políticas, instituciones, personalidades de la cultura y la ciencia, trabajadores y estudiantes, en fin, todas aquellas fuerzas amantes de la paz y las libertades en el mundo, se sumen a esta batalla que forma parte, en definitiva, de otras muchas que se hacen en defensa de la Humanidad.